El problema cotidiano
Un ciudadano colombiano que necesita un certificado de afiliación a salud para un trámite notarial, que a su vez requiere de una copia de escritura pública para tramitar un subsidio de vivienda, que exige un certificado de tradición del Registro, que pide una certificación de ingresos de la DIAN... En cada paso, el ciudadano es tratado como si el Estado no supiera nada de él, cuando en realidad tiene esa información dispersa en decenas de bases de datos.
Este es el problema de la interoperabilidad: la capacidad del Estado para compartir información entre sus propias entidades, con el consentimiento del ciudadano, de forma segura y eficiente.
El estado de la interoperabilidad en Colombia
Colombia ha avanzado en este frente con la Plataforma de Interoperabilidad del Estado Colombiano (PIPE) y el Registro Único Empresarial y Social (RUES). Sin embargo, la adopción es heterogénea: las grandes entidades del orden nacional están más avanzadas; las entidades territoriales, mucho menos.
El resultado es que el ciudadano sigue siendo el mensajero entre entidades del Estado, llevando físicamente documentos que el Estado ya tiene en formato digital en algún lugar.
El marco legal existe
La Ley 1712 de 2014 (Transparencia) y el Decreto 1413 de 2017 establecen bases jurídicas para la interoperabilidad. El problema no es normativo: es de implementación, voluntad política e inversión.
Las soluciones son conocidas
- Ampliar el uso de la PIPE con incentivos y obligaciones claras para entidades territoriales.
- Adoptar el principio "once only": el ciudadano reporta su información al Estado una sola vez; el Estado la comparte internamente con su consentimiento.
- Invertir en calidad de datos: la interoperabilidad solo funciona si los datos de cada entidad están limpios, actualizados y en formatos estándar.
- Incluir la interoperabilidad como criterio de evaluación en todos los proyectos de sistemas de información que reciban financiación pública.
El Estado que no comparte datos internamente no puede servir bien a sus ciudadanos. La interoperabilidad no es un lujo técnico: es una obligación de servicio público.